VI JORNADA SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LOS

JUBILADOS ANTICIPADOS FORZOSOS. Vitoria 17/11/2008

Como todos tenéis conocimiento, el pasado 17 de Noviembre, en el palacio de Congresos Europa, celebramos la “VI Jornada sobre la problemática de los Jubilados anticipados forzosos. La organizadora era la Federación Vasca de Asociaciones de Prejubilados y Pensionistas, “FEVAAS, acudieron compañeros de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, el aforo del local en el Palacio de Congresos Europa hizo imposible la asistencia de todos los asociados. Es por ello, por lo que aquí exponemos un resumen de lo allí tratado.

Comenzó el acto con la presentación de la Jornada por el Presidente de “APREJUAL”, quien advirtió a los ponentes que el objetivo de la misma no era otro que el de conocer las iniciativas que cada uno de los partidos, allí presentes, miembros mayoritarios en la Comisión del Pacto de Toledo, van a poner en marcha en esta legislatura para dar una respuesta definitiva a la reivindicación del colectivo, 65 años con 35 de cotización a la S.S. 100% de pensión. También les recuerda algunas manifestaciones de sus dirigentes apoyando esta reivindicación y la nula respuesta para aplicar esos deseos.

- D. JOSEBA AZKÁRRAGA, CONSEJERO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO VASCO .

•  Denuncia la no transferencia de las competencias en materia de Seguridad Social a la Comunidad Autónoma Vasca.

•  Hace un extenso comentario a la Ley de Complemento de Pensiones puesta en marcha por el Gobierno Vasco que garantiza una pensión mínima de 700 € mensuales.

•  Comparte la preocupación del colectivo y se manifiesta contrario a la extensión de las prejubilaciones sin base muy justificada, que hace que se conviertan en “pensionistas” quienes son simplemente Desempleados.

•  Promete que, en la próxima legislatura, esté o no esté él, se retomará la mejora de la ley de complemento de Pensiones y, en ella, se tendrá en cuenta la situación de nuestro colectivo. No cree que un cambio en la dirección de esta Consejería, pueda poner en peligro la aplicación de esta ley de Complemento de Pensiones.

- D. EMILIO OLABARRÍA, DIPUTADO DEL P.N.V. Y PORTAVOZ EN LA COMISIÓN DEL PACTO DE TOLEDO.

•  Define a los prejubilados como un colectivo humillado por la indiferencia de los poderes públicos.

•  Nuestras legítimas pretensiones no son motivo de atención por los políticos ni por los sindicatos. Sindicatos que asumen nuestra representación en el Pacto de Toledo sin que nadie de nosotros les haya dado la misma. Es más, ningún pasivo puede afiliarse a un sindicato. Todas estas afirmaciones fueron hechas por el Sr. Olabarría en base a la ley de afiliación sindical.

•  Somos un grupo “expoliado y nadie puede ser expoliado y sufrir un recorte en su pensión sin su previo consentimiento y nadie, que sepamos, ha consentido semejante expolio.

•  Recuerda la interpelación que hizo, en el Congreso de los Diputados, al Sr. Corbacho, Ministro de Trabajo, exigiendo el cumplimiento de la recomendación recogida en la Enmienda Transacional aprobada por el Parlamento el 21 de Febrero de 2007 por unanimidad. Dicha enmienda fue aceptada por el ponente de la Proposición no de Ley que solicitaba la eliminación de los coeficientes correctores de las pensiones de lo Jubilados anticipadamente por casas ajenas a su voluntad con la condición de que se cumpliese su contenido en la pasada legislatura.

•  Hizo alusión a la Carta Magna y a la legislación comunitaria para denunciar la situación de los Jubilados Anticipados forzosos.

•  Prometió que, al día siguiente, 18 de Noviembre, fecha de puesta en marcha de la Comisión del Pacto de Toledo, iniciaría su ofensiva basándose en los mismos argumentos y solicitudes.

-D. TOMÁS BURGOS GALLEGO, DIPUTADO DEL P.P. Y PORTAVOZ EN LA COMISIÓN DEL PACTO DE TOLEDO.

•  EL Sr. Burgos venía de mantener, el día anterior, una reunión con las asociaciones de Prejubilados de Valladolid, su provincia.

•  Los sindicatos no consideran prioritaria nuestra reivindicación.

•  El Pacto de Toledo es fruto de un acuerdo entre todos los partidos políticos y en el se escucha a todos los agentes sociales quienes plantean sus necesidades para que sean tratadas en el mismo. Su partido facilitará la presencia de “FEVAAS” ante dicha Comisión.

•  Hay que mantener, como premisa, que ante análogas circunstancias de Prejubilación han de mantenerse las mismas condiciones de pensión.

•  Un incremento de la pensión a TANTO ALZADO no resuelve el problema. Nadie en la Comisión del Pacto de Toledo patrocinó medida alguna en esa línea. Fue una decision del Gobierno.

•  Ahora parece que se va a proponer, por el Gobierno, una medida similar para la VIUDEDAD.

•  Hay necesidad de acomodar la legislación en materia de pensiones a la legislación comunitaria. La actual es una maraña legislativa que nos lleva a desequilibrios.

•  Hay que reflexionar sobre la edad de Jubilación y tener un reconocimiento de las largas carreras de cotización

•  La solución al problema vendrá dentro de una profunda remodelación del concepto de jubilación.

•  La aplicación de coeficientes arbitrarios genera discriminaciones injustas.

SRA. CORTAJARENA, DIPUTADA DEL P.S.O.E., MIEMBRO DE LA COMISIÓN DEL PACTO DE TOLEDO.

•  Recalca que las prejubilaciones no han sido homogéneas. Algunos recibieron indemnizaciones o perciben complementos que mejoran sus condiciones. A ella le preocupan los prejubilados que vienen de empresas pequeñas que se fueron con lo puesto.

•  Defiende la S.S. como el mejor seguro y que la suficiencia de la pensión es una apreciación subjetiva.

•  El Pacto de Toledo surge en un momento de crisis de la S.S.

•  Hay que acomodar la S.S. a las nuevas formas de vida, viudedad, prejubilación, etc... .

•  Comenta, como logro de la pasada legislatura, la compatibilidad del SOVI con la Pensión de Viudedad hasta 800 € mensuales.

•  Habla, también, de la necesidades modificar la legislación vigente en materia de pensiones y de que hay que considerar, de alguna manera, las largas carreras de cotización.

•  Advierte que, en este momento, no parece probable la eliminación de los coeficientes correctores. Este es un tema que ha de tratarse dentro del Pacto de Toledo cuya puesta en marcha está prevista para el día 18 de Noviembre.

•  Hay que tener en cuenta que, en la pasada legislatura, se ha hecho una mejora y destacar que ha sido la primera en el tiempo.

•  En el Gobierno hay voluntad de seguir avanzando en la línea de mejora de vuestras pensiones.

SR. IKER PRIOR, BUFETE URÍA-MENENDEZ.

Informa de las trabas que la legislación actual, en materia de representatividad, pone a nuestra solicitud de ser tenidos en cuenta en los foros en los que se diriman asuntos que afectan al colectivo de mayores. Esta representación la ostentan, actualmente, los sindicatos a quienes nunca hemos dado nuestra representación. Al final de su disertación, apunta algunos caminos que pudieran acercarnos a lo que nosotros pretendemos cuando hablamos de REPRESENTATIVIDAD.

SR. LEOPOLDO GAY, BUFETE GAY&VENDRELL DE BARCELONA.

Da cuenta de cual es la situación de nuestra demanda y de cuales han sido las barreras que han debido abrir para poder acceder a los Juzgados de lo Social. Es optimista y espera que, en breve, esté el proceso perfectamente encarrilado.

.................A continuación se presentan dos preguntas, debidamente seleccionadas, solicitando a los partidos que tomen, de una vez por todas, la decisión de eliminar los coeficientes ya que tienen el apoyo político, social y de los afectados. Igualmente pedimos a los mismos partidos que aceleren el reconocimiento de los mayores como agentes sociales en los foros de discusión de los temas que les atañen.

...............Cerró el acto nuestro Presidente Sr. Iñaki de Vicente, quien animó al colectivo a mantenerse firme en sus planteamientos y a luchar con más fuerza que nunca, si cabe, para arrancar del Gobierno la eliminación de los coeficientes.

I Congreso CEPYP (Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas)

Más de 2.000 prejubilados se reúnen en Madrid para defender sus intereses

Bajo las consignas de “A los 65 el 100%”, “Representatividad” y “Viudas, el 70% ya”, más de 2.000 prejubilados y pensionistas de toda España acudieron el pasado 14 de febrero en Madrid al I Congreso de la Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas (CEPYP), para exponer sus principales reivindicaciones y defender así sus intereses. El Congreso, organizado por CEPYP y las asociaciones representadas, que agrupan a más de 20.000 miembros, contó además con la asistencia de representantes políticos.

El Palacio de Congresos de la capital fue el escenario del I Congreso de CEPYP. En él, se dieron cita más de 2.000 prejubilados y pensionistas, llegados de todas las comunidades autónomas, con el objetivo de dar a conocer a los políticos y a la sociedad en general, las demandas de un colectivo que en España suma más de nueve millones de personas y de las cuales un millón son prejubilados. Durante el Congreso, al que asistieron todos los presidentes de las asociaciones representadas, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, y la diputada de Izquierda Unida Montserrat Muñoz, se pudieron escuchar algunas de las principales reivindicaciones de CEPYP como son el derecho a percibir el 100 por cien de la pensión a partir de los 65 años, la participación en las mesas de diálogo social y una pensión de viudedad que alcance el 70 por ciento de la base reguladora.

El presidente de la Federación Madrileña de Asociaciones de Prejubilados, Jubilados y Pensionistas (FEMAS), José Carrillo, fue el encargado de inaugurar el Congreso. En su discurso, habló de la creación de una gran plataforma social que facilite el diálogo con los partidos políticos, la eliminación de los coeficientes reductores y la no voluntariedad de los prejubilados. Asimismo, se refirió a la “pasividad de todos los gobiernos” ante esta situación y afirmó que las mejoras hechas hasta el momento “son insuficientes”.

Por su parte, José Luis Lopetegui, consejero de la Presidencia de FEVAAS (Federación Vasca de Asociaciones de Prejubilados y Pensionistas), exigió la suspensión de la política de mínimos y reclamó la devolución de las partidas de la Seguridad Social que se utilizaron para “tapar agujeros” de los Presupuestos del Estado en el pasado.

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A continuación, los representantes políticos de Izquierda Unida y el Partido Socialista tomaron la palabra. La diputada de IU Montserrat Muñoz reconoció que “nos quedan aún muchas tareas pendientes en materia de Sanidad, así como mejorar notablemente el sistema de pensiones”. Mientras, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, admitió que existen en nuestro país 1,2 millones de pensionistas que reciben prestaciones por debajo de los 500 euros mensuales y aseguró que el objetivo del partido es “que no quede nadie”.

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La clausura del Congreso corrió a cargo del presidente de CEPYP, Iñaki Vicente, quien apostó por la unión y el fortalecimiento de todas las organizaciones que les representan, con el objetivo de “presionar a los partidos políticos para que cumplan los compromisos adquiridos”.

Primer Congreso Nacional de "CEPYP"

El próximo día 14 de febrero, entre 11,00 y las 13,30 horas, vamos a celebrar el I Congreso Nacional de CEPYP (Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas), en el Palacio de Congresos, Paseo de la Castellana, 99 de Madrid.

Se trata de un acto masivo que sirva, tanto para afirmar la capacidad de convocatoria de esta Organización, como plantear con la fuerza suficiente sus dos principales e inmediatas reivindicaciones:

RECUPERAR A LOS 65 AÑOS EL 100% DE LA B.R., ELIMINANDO LA PENALIZACIÓN A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA.

UNA REPRESENTATIVIDAD REAL Y DERIVADA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS.

Y todo ello sin olvidar la falta de un Estatuto del Prejubilado, la necesidad del mantenimiento del poder adquisitivo de las Pensiones, la mejora sustancial de las Pensiones de Viudedad, la necesidad de aumentar los Presupuestos de Sanidad, etc.
En un contexto en que se acaba de aprobar una Reforma de la Ley de la Seguridad Social con aspectos positivos como la aplicación de los derechos a las parejas de hecho, una mejora que NO llega a la llamada "equiparación técnica" a los jubilados anticipadamente antes de 2.002, la consideración como involuntaria a todas las prejubilaciones procedentes de ERES, pero en la que también aparecen aspectos negativos como el aumento de años cotizados para la jubilación, medidas regresivas en la incapacidad permanente o la gratificación económica al empresario y a quienes prolonguen su vida laboral después de los 65 años.
Pero también en un momento en el que existen convocadas unas elecciones generales en las que los Partidos Políticos en sus programas presentan propuestas para el futuro inmediato, propuestas que deseamos contrasten en este acto con nuestras reivindicaciones.
Esperamos de los Partidos Políticos invitados PSOE, PP e IU, que expongan sus opiniones y en la medida de lo posible, esclarezcan su posición ante ellas.

Reclamamos tu asistencia al acto, desde el convencimiento de que sólo desde una amplia participación de los interesados, será posible avanzar hacia soluciones positivas para todos nosotros.

¡¡Te esperamos!! 1OO% a los 65. REPRESENTATIVIDAD

05-12-2007_Extracto del B.O.E nº 291

Iberlex
Jefatura del Estado (BOE n. 291 de 5/12/2007)
LEY 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.
Rango: Ley
Páginas: 50186 - 50200
Referencia: 2007/20910

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Texto completo en este enlace del B.O.E.

http://boe.es/boe/dias/2007/12/05/pdfs/A50186-50200.pdf

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Disposición final sexta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 del mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo su disposición adicional cuarta que lo hará el día siguiente al de dicha publicación.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 4 de diciembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

29-11-2007_Extracto

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
VIII LEGISLATURA
Serie A: PROYE CTOS DE LEY 29 de noviembre de 2007 Núm. 126-19
APROBACIÓN DEFINITIVA POR EL CONGRESO
121/000126 Medidas en materia de Seguridad Social.
Congreso 29 de noviembre de 2007.—Serie A. Núm. 126-19

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 22 de noviembre de 2007, aprobó, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución, el Proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social con el texto que se inserta a continuación.
Se ordena la publicación en cumplimiento de lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de noviembre de 2007.—P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

LEY DE MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

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Disposición adicional cuarta. Mejora de las pensiones de jubilación anticipada causadas con anterioridad a 1 de enero de 2002.

1. Los trabajadores que, con anterioridad a 1 de enero de 2002, hubieran causado derecho a pensión de jubilación anticipada al amparo de lo previsto en la norma 2.ª del apartado 1 de la disposición transitoria tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social o de las normas concordantes de los regímenes especiales que integran el sistema de la Seguridad Social, cuando la edad que en cada caso se hubiera tenido en cuenta para la aplicación de los correspondientes coeficientes reductores hubiera estado comprendida entre los sesenta y los sesenta y cuatro años, ambos inclusive, tendrán derecho a una mejora de su pensión, con efectos desde 1 de enero de 2007, siempre que de la documentación obrante en la Administración de la Seguridad Social se deduzca que reúnen los siguientes requisitos:

a) Que se acreditan, al menos, treinta y cinco años de cotización.

b) Que la extinción del contrato de trabajo del que hubiera derivado el acceso a la jubilación anticipada se hubiera producido por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, comprendida entre los supuestos recogidos en el artículo 208.1.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

2. La mejora de la pensión consistirá en un incremento de su importe íntegro mensual, variable según la edad del trabajador tenida en cuenta para la determinación del coeficiente reductor del porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión, conforme a los siguientes tramos:

Sesenta años, .................63 euros mensuales.
Sesenta y un años, .........54 euros mensuales.
Sesenta y dos años, .......45 euros mensuales.
Sesenta y tres años, ......36 euros mensuales.
Sesenta y cuatro años, ..18 euros mensuales.

3. El importe correspondiente, que se abonará en catorce pagas, se reconocerá como variación de la cuantía de la pensión de jubilación y se integrará en la misma a todos los efectos, incluida la aplicación del límite al que se refiere el artículo 47 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y sin perjuicio, en su caso, de la absorción del complemento por mínimos que se viniera percibiendo. Cuando se trate de pensiones reconocidas al amparo de normas internacionales, para fijar el importe del incremento mensual serán de aplicación las reglas establecidas en dichas normas sobre determinación y cálculo de la cuantía de las pensiones.

4. La Entidad Gestora reconocerá de oficio o a instancia de parte el derecho a la mejora regulada en la presente disposición en el plazo de tres meses contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, de acuerdo con la información contenida en la base de datos de prestaciones de la Seguridad Social y en el fichero general de afiliación, que acreditarán, respectivamente, los años de cotización cumplidos y el carácter involuntario del cese en el trabajo.

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Disposición final sexta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día 1 del mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo su disposición adicional cuarta que lo hará el día siguiente al de dicha publicación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2007.

Lectura total en el enlace:

http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/A/A_126-19.PDF

24-11-2007_Resumen

CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 302
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 280
celebrada el jueves, 22 de noviembre de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15011
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Modificación del orden del día. . . . . . . . . . 15011
La Presidencia anuncia que el debate del punto 33, relativo a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas en materia de Seguridad Social se realizará tras el debate del punto 36, y el punto número 37, relativo al dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso se realizará tras el debate correspondiente al punto 38.

— Proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social. «BOCG. Congreso de los Diputados”, serie A, número 126-1, de 23 de febrero de 2007. (Número de expediente 121/000126.) . 15040

— PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000126.)

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Pasamos al punto 33: Proyecto de ley de medidas en materia de Seguridad Social. En nombre del Grupo Mixto, la señora Lasagabaster, la señora Fernández y el señor Mardones se van a repartir el tiempo en tres voces. Señora Lasagabaster, tiene la palabra.

La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, nos repartiremos el tiempo, pero en realidad es suficiente para explicar una de las cuestiones que, desde nuestra perspectiva —nos han oído muchas veces hablar del tema—, es muy importante y muy relevante, por dos razones. Hablamos de la jubilación anticipada de los miembros de las distintas policías integrales que existen en el Estado. Son dos razones fundamentales que llevan a pedir que se produzca la posibilidad de una jubilación anticipada de estos miembros, en primer lugar, por las propias personas que desempeñan unas determinadas funciones y actividades, que requieren —y no tengo que explicarlo aquí, porque es bien conocido por todos— que realmente puedan llegar a buen término, puedan llegar a tener una jubilación anticipada, y, desde el punto de vista del interés público, del interés general, a todos nos interesa que haya una jubilación anticipada, porque por razones de edad hay determinadas funciones que no todo el mundo puede cumplir, y que haya un servicio público de calidad en relación con el tema de la seguridad. Esta cuestión de la jubilación anticipada, que no es distinta de la que se viene produciendo en otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se viene solicitando desde hace mucho tiempo en esta Cámara y hasta ahora no se había producido la previsión dentro una ley que contuviera esa posibilidad manifiesta y positiva de que se pueda producir algo —como vengo diciendo— no diferente a lo que ya hay en otros cuerpos de seguridad.
Pediremos votación separada de la enmienda del Senado referida a la disposición adicional vigésima novena, porque creemos que es muy importante. Esta Cámara tiene pronunciamientos favorables para apoyar esa jubilación anticipada y esperamos de todos los grupos de la Cámara que aprueben una cuestión que afecta no solamente a la igualdad de las propias personas que desempeñan estas actividades, sino también y muy importantemente al servicio público de seguridad, que tiene que ser igual y que queremos todos —y los miembros de las policías integrales también— que sea del mismo nivel de calidad en todos los lugares, independientemente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por tanto, pedimos su votación y esperamos que se consiga algo que se viene pidiendo desde hace mucho tiempo.
Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Muchas gracias, señora Lasagabaster. Señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
En este turno de posicionamiento en relación con las enmiendas que vienen del Senado, no queremos desaprovechar la oportunidad para manifestar una vez más nuestra posición en relación con la generalidad de las modificaciones que se hacen en este proyecto de ley de medidas en materia de Seguridad Social; en definitiva, una posición que significó nuestra abstención en la votación de este proyecto cuando fue tramitado en esta Cámara antes de ser enviado al Senado. No dejamos de reconocer, como ya lo manifestamos en el debate parlamentario correspondiente, la incorporación de nuevas prestaciones o la modificación de alguna de ellas, que entendemos que son positivas, por ejemplo, la pensión de viudedad, independientemente de la forma jurídica escogida por la pareja, o las pensiones de orfandad, con la misma consideración que acabamos de comentar. Nuestro desacuerdo radica fundamentalmente en las modificaciones que se hacen a través del artículo 3 del proyecto de ley, de los artículos 161 bis, 163 y disposición transitoria tercera, así como en la disposición transitoria cuarta de la Ley General de la Seguridad Social.
En definitiva, radica en las modificaciones que se hacen en relación con las reducciones de las prestaciones de jubilación, que entendemos que perjudican gravemente a aquellas personas que van a acceder a la misma en el futuro. Desde luego, señorías, no tenemos ningún dato, no hay ningún informe al respecto, solo conjeturas que puedan hacernos entender que mantener la situación de la jubilación que existe actualmente pueda ser perjudicial para el futuro de la Seguridad Social. Por tanto, entendemos que nada de esto debió ser modificado. De la misma manera que votamos positivamente a un número importante de enmiendas, la mayoría transaccionadas por los distintos grupos de esta Cámara, por considerar que mejoraban el texto del proyecto sobre las diferentes prestaciones de la Seguridad Social, también vamos a votar favorablemente a las enmiendas del Senado que hoy nos llegan y que entendemos que son positivas. Una de ellas, como acaba de comentar la portavoz que me precedió en el uso de la palabra, es la nueva disposición relacionada con las personas que son miembros de las policías nacionales y con la equiparación de las jubilaciones de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También nos parecen positivas las otras nuevas disposiciones que se acordaron. Del mismo modo, nos parece positiva la incorporación que se hace y que mejora algunos colectivos que tienen singularidades específicas, como es el caso de aquellas personas sujetas al Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud. Por tanto, señorías, vamos a votar favorablemente las enmiendas del Senado, a no ser que alguna consideración, en el debate que queda pendiente, nos haga entender que debemos modificar nuestro voto, pero, desde luego, a la vista de las enmiendas que nos llegan del Senado, vamos a votar favorablemente.
Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Calvo Poyato): Gracias, señora Fernández. Señor Mardones.

El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Estamos —y Coalición Canaria lo valora así, ya lo dijo en su día también en los primeros debates que tuvimos de este proyecto de Ley de medidas en materia de Seguridad Social— ante un muy importante, importantísimo documento que va a señalar unos vectores por los que debe de ir una política de protección social, de Seguridad Social, actualmente en el Estado español. Estamos ante un gran proyecto de ley, muy importante, y quiero hacer un reconocimiento aquí a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social —encabezada por su secretario y todo su personal—, que ha sabido verdaderamente vertebrar lo que era un acuerdo político y social que se tomó el 13 de julio del año 2006 entre el Gobierno, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, la CEOE, la parte de la patronal y de la Cepyme, para dar un impulso nuevo a la Seguridad Social. Incluso hubo calificaciones de que era solamente un planteamiento técnico-administrativo. No lo comparto, esto va más allá. Estamos ante un gran documento de política social de un Estado democrático avanzado en que todo un sistema de protección al elemento productor-trabajador está muy conseguido y muy avanzado. Se habían señalado cuatro grandes proyectos y, desde luego, articular una ley tan amplia y compleja requiere un equipo que sepa lo que tiene que hacer para que después los legisladores podamos saber qué es lo que tenemos que enmendar, qué es lo que tenemos que apoyar y, en definitiva, qué es lo que tenemos que votar. Hoy nuestro voto va a ser afirmativo para estas enmiendas que llegan del Senado, salvo alguna reserva que voy a exponer a continuación.
(El señor vicepresidente, Martínez Sieso, ocupa la Presidencia.)
Se hacen cuatro grandes apartados: la incapacidad temporal, la incapacidad permanente, la jubilación y la supervivencia. A medida que se avanzaba en el texto hubo que instrumentalizar —así lo vemos en las disposiciones adicionales que tiene todo este proyecto de ley— una serie de colectivos que, por su singularidad, había que reconocer también. Aparecen aquí figuras como los funcionarios públicos, en cuestión de los derechos pasivos y en cuanto a sus mutualidades; aparecen colectivos, como los trabajadores de las agencias de aduana, de los servicios de extinción de incendios, de los bomberos, que tienen unas peculiaridades y características determinadas. Todo este proyecto de ley se encuentra también conque tiene que resolver una serie de medidas de protección social en los casos de muerte y supervivencia, auxilio por defunción, pensiones de viudedad, parejas de hecho, familias numerosas y todo esto verdaderamente es complicado, y, sobre todo, porque este proyecto de ley en este momento señala algo que apoyamos, un nuevo vector de los incentivos de prolongación de actividad. Señorías, tenemos que evitar que la Seguridad Social, dentro de quince, veinte o veinticinco años, haga crisis y que aquí nadie tenga capacidad de garantizarle al trabajador que ha cotizado una pensión de jubilación digna para vivir, con un principio pleno de derechos humanos a una calidad de vida en ese concepto. Esa prolongación de actividades va en contra de las jubilaciones anticipadas, y nosotros la apoyamos fundamentalmente.
En las enmiendas que nos llegan del Senado, junto a algunas que he señalado ya de las clases pasivas de funcionarios, hay una serie de disposiciones adicionales que vienen a regular tanto una protección al trabajo a tiempo parcial como el contrato de relevo, y todo lo que se está realizando fundamentalmente en este texto, en la disposición adicional trigésima primera nueva, respecto a las víctimas de violencia de género, que se encuentran también respetadas.
Quiero hacer una reflexión. No sé si nos hemos precipitado en hacer una legislación sobre la disposición adicional vigésima novena, de jubilación de los funcionarios de los cuerpos de las policías de las comunidades autónomas. Se van a encontrar con un reto: el problema es que se van a tener que jubilar de golpe los que entraron con una edad determinada. Una cosa es la prolongación de actividades a un trabajador normal y otra la prolongación de actividades en profesiones especiales. A nadie se le ocurriría hablar de una prolongación de actividades en el campo del atletismo o del deporte; hay unas edades en que mandan al deportista a la grada. Tendrá que tener otras actividades complementarias, pero no la de correr o jugar en un determinado deporte. Debemos hacer una reflexión porque se pueden producir agravios comparativos entre policías autonómicas, policías del Estado y policías municipales de las distintas organizaciones que los tienen. Porque el tema es del inmediato futuro en cuanto lleguen las jubilaciones masivas. Podíamos legislar aquí en una línea de incentivo de prolongación de actividades y en otra línea con las policías autonómicas pidiendo una cosa y su contraria. Y esto es lo que nos hace reflexionar sobre esta enmienda que nos llega.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Mardones. Continuando con el grupo de fijación de posiciones, tiene la palabra, por Izquierda Unida, la señora Muñoz.

La Señora MUÑOZ DE DIEGO: Señor presidente, señorías, en este trámite de debate de las enmiendas que vienen del Senado no queríamos desaprovechar la ocasión para manifestar que nuestro grupo parlamentario tuvo una posición respecto a la presente ley que se explicitó a través de la abstención. Pensamos en aquel momento —y pensamos aún hoy— que esta Ley de reforma de medidas de la Seguridad Social podía haber sido mucho más ambiciosa. Podía haber sido ambiciosa en el ámbito de las prestaciones; podía haber ampliado derechos, haber afrontado retos de futuro muy importantes sobre el modelo de protección social. No vamos a negar desde nuestro grupo parlamentario que han existido tímidos avances en esta ley que van a permitir mejorar el acceso a los derechos y prestaciones, por ejemplo, de las parejas de hecho; mejoras en las prestaciones del derecho de viudedad, de orfandad, en la incapacidad temporal o en la jubilación anticipada. Son avances que nosotros hemos saludado, a los que hemos contribuido y que aplaudimos. Por el contrario, esta ley no abordaba temas tan importantes como las cuantías de las prestaciones más bajas, especialmente las no contributivas.
A nuestro juicio, esta ley no ha asumido el reto de una profunda y serena reforma que permitiera crear un sistema de prestaciones para luchar eficazmente contra la exclusión social y para ayudar a esos 800.000 españoles y españolas que están en el umbral de la pobreza y muchos de los cuales son perceptores de algunas de las prestaciones que se encuentran previstas en la legislación en materia de Seguridad Social. Le reprochamos, por tanto, con modestia, que habiendo podido ir más lejos no hayan ido; que habiendo tenido los recursos, los medios y las mayorías parlamentarias no las hayan aprovechado. No hemos compartido de esta ley algunas cosas, en especial la posibilidad de prolongación de la vida laboral hasta los 70 años, en un país en que el acceso de los jóvenes al empleo estable y de calidad es casi una quimera. Por estas razones y por muchas otras que se expresaron en el debate de esta ley, nuestro grupo parlamentario mantuvo un voto de abstención, como he dicho antes. Las enmiendas que han resultado aprobadas en el Senado, y a las que ahora me referiré, no han modificado sustancialmente ni los contenidos ni las razones ni la filosofía de la ley, pero en todo caso han incorporado algunas cuestiones que nos parecen de interés. Hay una parte de las enmiendas que nuestro grupo votará favorablemente que tiene que ver con correcciones técnicas, con la incorporación o la armonización de diferentes enmiendas que resultaron aprobadas en el trámite parlamentario y que, en consecuencia, permiten dar coherencia al texto.
En todo caso, voy a centrar la intervención en las enmiendas que, a nuestro juicio, introducen algunas modificaciones o matices respecto al texto aprobado en el Congreso. En especial quiero hacer referencia a la que se ha incorporado al artículo 3, apartado tres, porque amplía el concepto de involuntariedad de cese del trabajador para que pueda acceder a la jubilación anticipada. Permite que el contrato individual de prejubilación se considere como cese involuntario del trabajador. Esta redacción se acerca al contenido de algunas de las enmiendas que nuestro grupo parlamentario ha presentado, tanto en el Congreso como en el Senado, y pensamos que permite a un número muy importante de trabajadores que se han visto inmersos en reestructuraciones muy complejas de empresas y que han tenido que suscribir estos contratos voluntarios de prejubilación, acceder a la jubilación anticipada. Creemos que eso constituye un avance respecto al texto que salió aprobado del Congreso. Igualmente, saludamos que se haya hecho una nueva regulación y se hayan clarificado el contrato de relevo y la jubilación parcial, porque había lagunas que conllevaban interpretaciones muy diversas y que, por tanto, restaban eficacia. También nos parece adecuado incorporar que en el cálculo de la pensión las situaciones de incapacidad laboral no sean gravosas para el pensionista. En ese sentido, pensamos que la aclaración que se hace es positiva.
Queremos hacer especial mención a la disposición adicional decimotercera, que se ha incorporado y que hace referencia a la consideración de familia numerosa, ampliando o cambiando la terminología que salió aprobada en el Congreso, que hablaba de viudos o viudas con dos hijos a su cargo para tener esa consideración. Se ha cambiado esa terminología por la de las familias en las que uno de los progenitores haya fallecido, porque el concepto de viudo o viuda tiene un contenido jurídico que hace referencia al matrimonio. Nos parece correcta esa modificación, pero pensamos que es reduccionista, entre otras razones, porque en el debate de los Presupuestos Generales del Estado esta Cámara ha aprobado una enmienda de mi grupo parlamentario que considera familias numerosas a las familias monoparentales con dos hijos a su cargo, por lo que el hecho de que hubiera fallecido o no el cónyuge o uno de los progenitores no tendría relevancia.
Quiero aprovechar para mencionar otra enmienda que nos parece interesante y a la que también se han referido otros grupos parlamentarios. Se trata de la incorporación de una nueva disposición adicional, la vigésima novena, sobre jubilaciones anticipadas de funcionarios de policías autonómicas y su equiparación a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A este respecto quiero señalar que nuestro grupo parlamentario siempre ha estado de acuerdo conque se regule la segunda actividad y conque las policías autonómicas puedan tener un sistema de cese del trabajo activo que permita el rejuvenecimiento de las plantillas y que trabajos que requieren una extraordinaria tensión puedan tener unos sistemas de jubilación diferentes. Hemos compartido esa filosofía, la hemos votado en esta Cámara en algunas ocasiones y pensamos, además, que es el camino adecuado; un camino en el que se debe avanzar con las policías autonómicas, igual que con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con otros colectivos. De lo que está ocurriendo no nos gusta que cada vez que surge un nuevo colectivo se haga una regulación específica. Durante mucho tiempo hemos hablado de bomberos; ahora hablamos de policías autonómicas; después —imagino— hablaremos de policías locales. Sería conveniente que desde la responsabilidad del ministerio se abordara esta cuestión con la seriedad que merece.
En todo caso, hay una parte de la enmienda aprobada, esta primera, que nosotros compartimos plenamente, y una segunda parte que creemos que solamente ha servido para introducir confusión en un tema en el que podría haber una enorme unanimidad en esta Cámara: se trata de la parte que hace referencia a la aplicación de los coeficientes reductores. Lo decimos porque de una lectura sin matices se podría interpretar que lo que se pretende, por un lado, es que se aplique la legislación de los funcionarios y de clases pasivas en lo que es beneficioso y, por otro lado, que el régimen general no se aplique en lo que es perjudicial. Estamos convencidos de que quien ha presentado esta enmienda no lo ha hecho con esa intención y que no es lo que persigue, pero en todo caso puede inducir a confusión. Mi grupo parlamentario quiere dejar claro en esta tribuna cuál es nuestra posición sobre una enmienda que en su filosofía compartimos, y así lo hemos hecho durante mucho tiempo. Pero en el tema de los coeficientes reductores hemos defendido que tiene que haber un sistema de corresponsabilidad de cotización a fin de buscar el mecanismo para que estos trabajadores puedan tener unas condiciones diferentes. Sabemos también que esta enmienda no se puede aplicar tal y como va a salir de esta Cámara si resulta aprobada. Sabemos que exige regulación con los agentes sociales; exige negociación con las comunidades autónomas; exige esfuerzo de cotización compartido; exige, en definitiva, establecer que lo que es una voluntad se convierta en un derecho. En el ámbito de los derechos nuestro grupo parlamentario va a estar con las policías autonómicas porque consideramos que es justo que se regule su situación, pero no queremos que a veces con redacciones que puedan inducir a confusión se intente esconder un privilegio. Derechos, todos; privilegios, ninguno, y para ello lo que hay que hacer es discutir y regular correctamente esta disposición adicional. Soy consciente de que si sale aprobada corresponderá realizar un enorme esfuerzo de negociación en el que las policías autonómicas contarán, como han contado siempre, con el apoyo de nuestro grupo parlamentario para consolidar derechos, para tener mejores condiciones laborales, que es lo que nos debe guiar a todos.
Termino mi intervención haciendo mención a una enmienda que aparece en esta ley y que, francamente —y me van a permitir el tono quizá jocoso—, es para nota, que es la de los semáforos en los párquines. Acabamos de debatir la Ley de Seguridad Vial, y, francamente, eso parece un error, porque en todo caso debería haber ido en esa ley y no en la Ley de Seguridad Social. Al margen de estar de acuerdo, me parece que la técnica legislativa tiene unos límites que no deberíamos sobrepasar con tanta alegría.
Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señora Muñoz. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, quiero saludar, en primer lugar, a los diversos colectivos que nos acompañan aquí y que representan a organizaciones o asociaciones de viudas y de prejubilados y sindicatos mayoritarios de las policías autonómicas con carácter integral, es decir, colectivos que podríamos decir que representan a las organizaciones marginadas o preteridas por las disposiciones que configuran el contenido material de esta ley. Compartiendo, desde la solidaridad, el principio de la preterición de derechos y marginación que afecta a estos colectivos, siento una particular empatía hacia su presencia, que agradezco por lo que pueda tener simbólicamente de apoyo a las afirmaciones de mi grupo parlamentario.
Señor presidente, estamos hablando de una ley importante, de gran relevancia y de una ley muy mala, para qué vamos a andar con eufemismos o con el lenguaje perifrástico tan al uso en esta Cámara. Es una ley que no resuelve los problemas relativos a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones; que no prevé una mejora prestacional, sobre todo para los colectivos peor atendidos por nuestro sistema público de Seguridad Social; que no se corresponde con el contenido esencial que ya ha diseñado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con el contenido esencial del derecho prescrito por el artículo 41 de la Constitución, que es el que define el sistema de Seguridad Social del Estado español, y que deja fuera o extramuros de su contenido los intereses y los derechos legítimos que deberían ser constitucionalmente atendidos, tal y como prevé la jurisprudencia constitucional debidamente. Los deja extramuros seguramente porque no tienen interlocución, representantes ni capacidad de movilización para hacer lo que se ha hecho en esta ley, que es algo para lo cual el Ministerio de Trabajo incluso sobraba. Estas leyes y otras antecedentes a la misma han sido elaboradas por cuatro interlocutores sociales, ni siquiera por todos los interlocutores sociales que ostentan la condición de mayor representatividad sindical, tal como está prevista esta en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Está elaborada en sus propios términos y aprobada, ya que acabamos el iter legislativo de la misma, por Comisiones Obreras, UGT, CEOE y Cepyme. Para esta forma o metodología de actuación creo que podríamos proceder, desde una perspectiva de austeridad presupuestaria, señor presidente, incluso a disolver el Ministerio de Trabajo, dada su escasísima aportación, que consiste solo en poner los sellos correspondientes de oficialidad a los documentos que estos cuatro interlocutores sociales sistemáticamente le presentan, que pasan virginalmente por el ministerio y por las mayorías o la correlación de fuerzas existentes en esta Cámara de forma igualmente inmaculada y virginal. Al final, quien está legislando, mediante una figura que se aproxima mucho a la usurpación de funciones legislativas, son cuatro interlocutores, que son más representativos, no digo que no, pero es que hay otros más representativos también. Es que ELA tiene también la noción o la condición jurídica de sindicato más representativo por ostentar en la Comunidad Autónoma Vasca, en el ámbito de las nuevas elecciones sindicales, un mínimo del 15 por ciento y 1.500 representantes electos, y la Intersindical gallega y otros también. Sin embargo, a estos no se les lleva a negociar. No sé dónde se negocian estas leyes y por qué se hacen tan mal. Se hacen mal seguramente porque la negociación es complicada y estos interlocutores concernidos, que están sustituyendo en sus funciones institucionales al propio ministro de Trabajo y al Gobierno español, tienen que llegar a acuerdos equidistantes o con una formula razonablemente equidistante que al final se convierten en leyes que no resuelven los problemas estructurales, en este caso, del sistema público de pensiones. Desde esta perspectiva, tenemos que decir que de nuevo nos vemos nosotros también preteridos como grupo, porque no ha habido interlocución con nuestro grupo y, según sé, tampoco la ha habido con casi ninguno de los grupos parlamentarios, y estamos ante una ley que va a resolver muy pocos problemas. Es una reforma, por utilizar una expresión amable y no ser tan crítico, que podríamos calificar de discreta en el mejor de los casos, pero que requiere otras reformas posteriores si queremos que el sistema público de pensiones del Estado español sea un sistema garantizado para el futuro, dados los problemas que gravitan sobre él de carácter demográfico, de carácter económico, etcétera. Y sobre todo es injusta y regresiva. Es regresiva no porque lo diga yo, sino porque incumple la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la protección de determinadas contingencias a las que brevemente me voy a referir.
Lo mejor que hemos visto, señor presidente, se ha hecho en el Senado, donde se ha logrado introducir, mediante las correspondientes transacciones políticas, una enmienda que se refiere no a la prejubilación, sino a la jubilación anticipada, que es otra cosa, de determinadas policías autonómicas, las policías de carácter integral, que tienen competencias en materia de protección de los bienes y personas y en materia de seguridad ciudadana. Pero se ha hecho mediante un adelantamiento —no sé por qué la portavoz de Izquierda Unida decía que la enmienda induce a confusión— que equipara su situación a la de los miembros y funcionarios de las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en sus propios términos, a los 60 años, como los demás, como la Policía Nacional, como la Guardia Civil, y sin aplicación de coeficientes reductores, también como los demás, que se nos olvida, como la Guardia Civil y la Policía Nacional, a cuyos miembros no se les aplica tampoco coeficientes reductores a los 60 años. El problema de la segunda y tercera actividad es de otra naturaleza, no está vinculada a la problemática de la Seguridad Social, es una situación administrativa especial que puede resolver ciertos problemas, pero no está vinculada a una equiparación que dimanaría, sencillamente, de los requerimientos del principio de igualdad ante la ley prescritos también por la Constitución, artículos 9.2 y 14.
Con esta enmienda —y me estoy refiriendo a ella con un discurso un tanto nostálgico, melancólico, porque sabemos que nos la van a tumbar, valga la expresión poco forense, señor presidente, en la próxima votación— estamos incumpliendo requerimientos de legalidad y requerimientos que derivan de acuerdos parlamentarios anteriores. Me voy a referir a varios. La Ley de Acompañamiento del año 2001, en concreto la Ley de 27 de diciembre del año 2001 de medidas fiscales, administrativas y del orden social, ya obligaba a la Administración, mediante los correspondientes sistemas de negociación, a adelantar la edad de jubilación de estos funcionarios de las policías autonómicas equiparándolos a la edad y a los mecanismos de jubilación previstos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y además invocaba que esto se tenía que realizar en el plazo más breve posible. Repito la fecha: año 2001. Menos mal que se invoca la brevedad, porque desde el año 2001 han pasado siete años y estamos esperando algún tipo de solución normativa respecto a este requerimiento que es legal, ni siquiera es un mandato parlamentario, es un mandato de derecho positivo, de derecho material, que nos impone o nos obliga a todos. No sé cómo tomarme la expresión: en el plazo más breve posible, y cómo interpretar el concepto de la brevedad en términos jurídicos o metajurídicos, si es generacional, si es cada trienio, si es cada quinquenio, cada 25 años. Habría que dejar quizá que algún filólogo hiciera una interpretación colateral respecto a esta cuestión. Pero hay otros dos mandatos que se incumplen en relación con esta materia. Una resolución presentada por nuestro grupo, aprobada en el debate sobre el estado de la Nación el 6 de julio de 2006, obliga a lo mismo, y yo invoco aquí la teoría de los actos propios. Otra resolución aprobada por el Parlamento vasco impone lo mismo, aprobada también por el Partido Socialista de Euskadi y por el Partido Popular del País Vasco. Impone lo mismo.
En relación con el problema apuntado, señor presidente, qué decir. Que esta ley ha pasado con más pena que gloria por el Senado, es decir, no se ha resuelto ninguno de los problemas profundos que nosotros ya comentamos cuando se debatió aquí, en el Congreso de los Diputados. No se han resuelto los problemas de la carencia de legitimidad de origen, que dimana del hecho de que no todos los interlocutores con legitimidad para negociar leyes de este contenido estén en la mesa de negociación y algunos sean sistemáticamente preteridos, cuando ostentan además la condición de sindicatos más representativos. No se ha abordado el problema de las competencias autonómicas previstas, por ejemplo, en el Estatuto de Gernika en materia de Seguridad Social en los artículos 18 y disposición transitoria quinta. Es más, por primera vez en la historia del ordenamiento jurídico del sector de la Seguridad Social se incorpora al preámbulo la noción o locución caja única, que es un concepto absolutamente metajurídico y que impediría en el futuro posibles transferencias impuestas por la Constitución. Esta es una apelación, una invocación clara a los autodenominados a sí mismos partidos constitucionalistas. No se ha resuelto el problema de las viudas, a las que tanto se refieren, y con tanta solemnidad y prosopopeya, algunos portavoces de los partidos mayoritarios. Se mantiene el coeficiente para calcular la cuantía de la pensión de viudedad en el 52 por ciento. Yo le recuerdo a la señora López i Chamosa que concurrieron a las últimas elecciones generales prometiendo que este coeficiente para el cómputo de la pensión de viudedad llegaría antes de acabar la legislatura al 70 por ciento de la base reguladora o de la renta del cónyuge fallecido. No se resuelven tampoco los problemas de los prejubilados, incumpliendo una proposición no de ley presentada por nuestro grupo parlamentario y que obligaba a que a los prejubilados contra su voluntad, y habiendo cotizado durante 35 años por lo menos, llegados estos a la edad de 65 años, se les elevaría su pensión de jubilación a la propia o a la cuantía de los de su categoría profesional que se jubilaron en activo. En definitiva, no se ha resuelto nada de lo relevante o se han resuelto muy pocas cosas relevantes; se ha avanzado muy poco; se han incumplido requerimientos de la jurisprudencia constitucional, que nos impone, en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional — con esto acabo, señor presidente— de fecha 7 de julio de 1987, que las reformas no sean regresivas, es decir, no se endurezcan, y se hace en la pensión de jubilación. Ya no se puede jubilar una persona con 4.700 días de cotización, ahora tiene que haber cotizado 5.475. Se incrementa el periodo de carencia; se endurece el acceso a la pensión de jubilación; se incumple la jurisprudencia constitucional; por tanto, nos encontramos con una ley que no solo no resuelve los problemas pro futuro de la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino que sigue manteniendo en la absoluta marginalidad a los colectivos más desfavorecidos, más vulnerables, con menos capacidad de interlocución, y además se incumple el principio de igualdad ante la ley en relación con determinados colectivos de funcionarios, como son las policías autonómicas de carácter integral.
Desde luego, para un viaje de estas características pocas alforjas hacen falta, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Olabarría. A continuación es el turno del Grupo de Ezquerra Republicana. Tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
La incorporación de enmiendas del Senado no ha supuesto la introducción de cambios sustanciales en el texto de la ley. Es cierto que hay alguna incorporación, a nuestro parecer, en términos generales más técnica que de calado, razón por la cual nuestro grupo parlamentario no va a variar su posición, la que ya adoptamos, primero, en el debate de la enmienda a la totalidad, luego en Comisión, posteriormente en el Pleno: nosotros nos abstenemos y punto. No vamos a avalar la ley. Es cierto que el apartado tres del artículo 2 incorpora una aclaración en el texto que nos parece positiva —hablo del tránsito en el Senado—, y es que se prevé que el complemento de la pensión de invalidez que perciba el trabajador que es calificado como gran inválido para remunerar a las personas que le atiendan en ningún caso pueda ser inferior al 45 por ciento de la pensión percibida. Eso nos parece interesante, aun cuando todo lo que se ha aprobado en el Senado, repito, no debamos magnificarlo ni mucho menos. También la mejora introducida en el apartado cuatro del artículo 7 se adapta a lo establecido en el acuerdo social de 2006, en el sentido que en las cotizaciones para beneficiarios de subsidios asistenciales con 52 años y derecho a la pensión de jubilación la base de cotización se elevase hasta el 125 por ciento de la misma base de cotización; por ello, es procedente sustituir la referencia al 125 por ciento del salario mínimo interprofesional por el 125 por ciento del tope mínimo de cotización; es más adecuado. No obstante, dicha modificación, repito, no es más que una mejora técnica y punto. De hecho, incluso en la enmienda a la disposición adicional tercera de la ley se introduce una ampliación retroactiva de sus efectos al 1 de enero del año 2007, es decir que de darse los supuestos especiales contemplados en la disposición, en el presente año 2007 podrán beneficiarse de pensión de viudedad. Nos parece justo, y una medida de retroactividad como esta fue defendida también por nuestro grupo parlamentario en lo referente a la Ley de prestaciones por nacimiento o adopción —conocida como Ley de los 2.500 euros—, y entonces nos dieron portazo. Es verdad que luego negociamos, pero nos parece que no deja de ser una contradicción que, puestos en el escenario en el que estamos en esta ley, vale la pena sacar a colación. En la disposición adicional séptima se incorpora la previsión de que el estudio sobre la normativa reguladora de la jubilación anticipada y parcial de los empleados públicos, que el Gobierno debe presentar en el plazo de un año, deberá incluir la realidad de los colectivos afectados y de forma expresa, tal y como habíamos reivindicado desde hace mucho tiempo, los que tienen como marco de aplicación el marco estatutario de los servicios de salud.
Nos parece particularmente importante dar apoyo a la enmienda introducida en el Senado por los compañeros del Grupo Parlamentario Vasco por la que se introduce una nueva disposición adicional vigésima novena, que regula, tal como ha salido ya a colación anteriormente, que los cuerpos de policía nacionales —no los estatales— de Cataluña, de Euskadi o de Navarra puedan tener las mismas condiciones que la policía española. No vemos ninguna razón por la cual se pueda crear un escenario de agravios justamente cuando hablamos de derechos.
También vamos a votar a favor de las disposiciones adicionales trigésima y trigésima primera, que se enmarcan asimismo en este ámbito de las reformas de carácter técnico que he mencionado. Tal como ha dicho la compañera diputada de Izquierda Unida, no entendemos qué hace en esta ley la disposición adicional sobre la medida —no salimos de nuestra perplejidad— que busca dotar la salida de los garajes de dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones. No vamos a rehusarla, votaremos a favor, creo que es de sentido común, pues todos algún día hemos padecido algún susto, sea como protagonistas o como víctimas de la sorpresa. Pero si saliera aquí alguien del Gobierno a explicarnos qué hace esa medida en esta ley se agradecería puesto que a veces parece como si estuvieran abonados a una cierta anécdota constante. Para nosotros es importante destacar lo que les hemos repetido ya en diversas ocasiones. Cuando a ustedes les interesa se acercan a la izquierda, a Izquierda Unida y a Esquerra Republicana y, cuando les interesa se van con el Partido Popular y en este caso también, debo decirlo, con los compañeros de Convergència i Unió. Ya con los precedentes del señor Solbes, que optó por la derecha o el centro derecha para pactar la reforma fiscal, cuando a ustedes les interesa, en ámbitos como el de la protección social, se van con la derecha puesto que siempre, siempre, les sale más barato. Efectivamente, así ha sido.
Nosotros habíamos planteado la necesidad de dar un verdadero hachazo a la pobreza poniendo a la misma altura del Iprem las pensiones no contributivas y, después de mucho trabajar, al final, nos lo concedieron —ustedes que teóricamente deberían redistribuir, socializar la riqueza, repartir los beneficios, sobre todo a favor de las clases populares, de las personas más desfavorecidas— y aceptaron —ciertamente afecta a 40.000 personas— que en el plazo de cinco años aquellas personas que vivieran solas en régimen de alquiler estuvieran protegidas en este ámbito y que se alcanzara en cinco años, repito, el valor del Iprem. Conseguimos esto, pero ni mucho menos era lo que queríamos. En estos momentos en Europa los sistemas de protección están girando hacia una cierta limitación de los derechos. Las cosas no son porque sí y aunque la socialdemocracia se ufana a veces de tener buena salud, la verdad es que en Europa corren malos vientos para los sistemas de protección y ustedes, en parte, se han contagiado de ello y la verdad es que ya de entrada orientaron las negociaciones con el Partido Popular y con Convergència i Unió. Esto no se corresponde con su definición política socialdemócrata ni con la bonanza económica de estos últimos años que ha permitido un superávit en los activos del Estado y, repito, aquí de lo que se trata es de socializar la riqueza y repartir beneficios y evidentemente son las personas más desfavorecidas las que deberían haber tenido mayores incrementos en esta participación en los beneficios. ¿Cómo se puede entender que en algunos ámbitos sea más difícil hoy día acceder a la jubilación? Ustedes han recortado, han suprimido del cómputo total de días cotizados los cotizados como gratificaciones extraordinarias y eso significará que la capacidad para jubilarse habiendo cotizado trece años quedará retrasada. No se entiende. Ciertamente, les ha salido más barato. Nosotros les hemos empujado para que su frenazo no tuviera la intensidad que ha tenido, pero deben reconocer que, aunque en algunos temas relacionados con la ampliación de algunos plazos en situaciones de incapacidad, solicitudes de prestaciones, requisitos para adquirir la viudedad, mejoras de prestaciones de orfandad, jubilación parcial, prejubilaciones forzosas anteriores al año 2002, les ha salido más barato, deberían aquilatar si lo que resulta más barato desde el punto de vista económico resulta también —creo que sí— más caro para el progreso social y, en definitiva, para la justicia social. Esquerra Republicana de Catalunya solamente se abstiene, no vamos a votar en contra puesto que creemos que hemos hecho la labor que nos corresponde que es hacer que ustedes no den más frenazos, pero no podemos legitimar con el voto favorable esta ley.
Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Tardà. Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, llega efectivamente a este trámite final el proyecto de Ley de medidas de reforma en la Seguridad Social después de un recorrido parlamentario largo y después de un proceso de diálogo con los agentes sociales suficientemente largo. Nos llega una propuesta de reforma de nuestro sistema de la Seguridad Social que responde a la lógica del Pacto de Toledo. Una lógica, la del Pacto de Toledo, encaminada en dos direcciones convergentes: por un lado, tomar medidas que hagan sostenible en el tiempo nuestro sistema de protección social y, por otro lado, tomar medidas que introduzcan mayor cuota de solidaridad, mayores niveles de equidad en ese sistema de protección social.
Desde esta perspectiva, todas aquellas medidas que hemos impulsado desde 1995 según la lógica de la sostenibilidad del sistema de protección social, o sea, medidas tendentes a preparar nuestro sistema frente al reto del envejecimiento, en el corto plazo son siempre medidas que van a ser leídas por quienes no tienen esa visión a largo plazo de las necesidades del sistema de pensiones como medidas regresivas. Pero precisamente si hoy el sistema de protección social tiene superávit, si hoy el sistema de protección social ha ampliado su capacidad de cobertura, si hoy podemos afirmar que el sistema de protección social, que el sistema de pensiones tiene buena salud es por esas medidas de racionalidad en el gasto que desde 1995 se han impulsado y que han sido compartidas por los escaños del Partido Popular, por los escaños del Partido Socialista, por los escaños de Convergència i Unió y por los escaños de otros grupos parlamentarios. Garantizar el progreso social, garantizar que el sistema de pensiones sea sostenible frente al reto del envejecimiento implica tomar medidas que en el corto plazo quizá no sean comprendidas por la opinión pública, y eso es valor político y desarrollar políticas responsables y progresistas. En ese sentido, mi grupo no tiene ningún complejo en relación con las medidas que incorpora este proyecto de ley. Proyecto de ley en el que Convergència i Unió planteó al Grupo Parlamentario Socialista y al propio Gobierno cuestiones que nos parecía que se debían resolver en el correspondiente trámite parlamentario.
Efectivamente, nuestro grupo no solo compartía esa filosofía del proyecto de ley fruto del diálogo social y que responde a la lógica del Pacto de Toledo, sino que además ha aprovechado el trámite parlamentario del mismo para introducir algunas mejoras sustanciales desde la perspectiva de la equidad en nuestro sistema de protección social. Una primera: incorporación a efectos de la consideración de la jubilación anticipada del servicio militar obligatorio, considerado como cotizado a efectos de pensión y para poder acceder a la jubilación anticipada. ¿Era esta nuestra propuesta de máximos? Ni mucho menos, pero por primera vez en el ordenamiento legal español el servicio militar obligatorio va a ser considerado a efectos de pensión para poder acceder a esa jubilación anticipada. Nos parece un avance importante y sustancial. En segundo lugar, mejora de las posibilidades de jubilación anticipada para las personas con discapacidad, dando respuesta a algunos problemas que se empezaban a configurar en el colectivo de personas con discapacidad intelectual; mayor equidad para las personas con discapacidad intelectual para acceder a la jubilación anticipada, y mejoras de las pensiones de jubilación anticipada causadas con anterioridad a 1 de enero de 2002. Nos acompañan diversos dirigentes de los colectivos de prejubilados, el señor Calabia y sus compañeros de Cataluña, a quienes damos la bienvenida. Seguramente no resolvemos todo lo que queríamos, ni mucho menos, pero por fin damos respuesta a una situación de profunda injusticia que afectaba a cientos de miles de trabajadores jubilados antes del año 2000- 2002. Estos días, el señor Calabia y sus compañeros nos pedían que el Gobierno fuese rápido en cumplir esta previsión legal y que estos pagos se efectuasen lo más pronto posible. Convergència i Unió quiere manifestar que efectivamente es necesario que estas compensaciones se cobren lo más pronto posible.
Respuesta también al problema de los sacerdotes secularizados, una vieja cuestión que Convergència i Unió ha planteado en esta Cámara desde tiempos del señor Homs, y con esta ley damos otro paso adelante para mejorar la condición de esas personas. Mejoras sustanciales en la pensión de orfandad. Mi grupo quería remarcar que precisamente una lucha eficaz contra la pobreza en España hoy exige mejorar las pensiones de orfandad porque, entre otras cosas, en el dibujo de la pobreza se empiezan a configurar núcleos familiares de familias monoparentales, viudas o madres solteras con hijos a cargo, como nuevo núcleo de pobreza. Riesgo de pobreza en estos colectivos más del 40 por ciento, según la encuesta de condiciones básicas de la vida de 2005. En este sentido, incrementamos la pensión de orfandad, facilitamos el acceso a la misma en el supuesto de que los padres no hubiesen cotizado y hacemos compatible la pensión de orfandad con el empleo en las administraciones públicas. También en este mismo sentido de lucha contra la pobreza ampliamos el concepto de familia numerosa, que luego se ha complementado en el trámite de presupuestos, a una persona viuda con dos hijos. A partir de la entrada en vigor de esta ley, la persona viuda con dos hijos va a tener la misma consideración de apoyo social que las familias numerosas. Se mejora también el nivel de compatibilidad de las prestaciones por hijo a cargo con el empleo remunerado.
En materia de pensión de viudedad, nos hemos quedado lejos de las pretensiones que teníamos, y queremos agradecer los esfuerzos que nuestra amiga y compañera, la señora López i Chamosa, hecho para mejorar esta ley en muchísimos aspectos, jugando un papel difícil por su condición de diputada y portavoz del grupo de la mayoría que apoya al Gobierno. Yo creo que coincidimos en que nos hemos quedado cortos en las reformas de la pensión de viudedad en esta legislatura, pero es evidente que esta ley reconoce la pensión de viudedad para las parejas de hecho, es un hecho relevante, y en el trámite del Senado hemos conseguido, y no es un tema técnico ni menor, mediante una enmienda de Convergència i Unió pactada con el Grupo Socialista, que esta medida entre en vigor desde el uno de enero de este mismo año. Hay también una petición al Gobierno para que estos pagos se produzcan lo más pronto posible porque hay situaciones humanas difícilmente comprensibles. Hemos mejorado también el tratamiento a los colectivos con discapacidad, desde su consideración con un grado igual o superior al 65 por ciento a las personas que hayan sido declaradas incapacitadas judicialmente hasta las mejoras que se han introducido en el Senado sobre el tratamiento del complemento de gran invalidez, garantizando un 45 por ciento en todo caso, una mejora sobre las previsiones iniciales que contenía el proyecto de ley.
También quiero recordar que en materia de parejas de hecho en el Senado hemos mejorado el tratamiento de los países como Cataluña, donde existen legislaciones de parejas de hecho como fruto de la existencia de un derecho civil propio y en el texto del Senado hemos permitido reforzar que se considere pareja de hecho aquello que el derecho civil de Cataluña establece. Por tanto, es un paquete de cuestiones incorporadas en el trámite en el Congreso y en el Senado pactadas con el Grupo Socialista que mejoran este proyecto de ley y que nos permiten votar con mucha tranquilidad el mismo. En el trámite en el Senado también se ha incorporado una enmienda, fruto de una iniciativa del Grupo Nacionalista Vasco, que pretende garantizar la plena equiparación de las policías autonómicas de Cataluña, del País Vasco y de Navarra con los policías que dependen del Estado. Vamos a votar a favor de esa enmienda. Somos conscientes de que queda aún un importante camino por recorrer para que eso se haga realidad, pero esta enmienda tiene un alto valor político y jurídico que va a forzar que el Estado y las comunidades autónomas aborden una cuestión sustancial como es una gestión del envejecimiento de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que en Cataluña, en Navarra y en el País Vasco son los principales responsables de la seguridad. No es tan solo una política de protección social de un colectivo de profesionales, sino que es una política integral de seguridad que exige una gestión del problema del envejecimiento.
Termino, señorías. La reforma es importante —es evidente—, pero es insuficiente, y sabemos que en la próxima legislatura tendremos que continuar reformando nuestro sistema de protección social, facilitando que más personas mayores continúen trabajando, que más personas mayores de 65 años continúen incorporadas activamente en nuestra sociedad y combatiendo los núcleos concretos de pobreza que se sitúan en personas que viven solas —personas viudas o solteras— con pensiones claramente insuficientes y en núcleos de pobreza infantil, en unidades familiares con hijos a cargo, con sueldos muy bajos, con imposibilidad de acceder a oportunidades.
En la siguiente legislatura el Pacto de Toledo deberá ser renovado y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) continuará trabajando para que esta sea una política de consensos y de mejoras.
Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Campuzano. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Echániz.

El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero saludar a todas las personas que desde las tribunas han querido seguir este debate y de una forma muy especial a las asociaciones que de una u otra manera trabajan en esta área. Señorías, debatimos por última vez en este trámite parlamentario las enmiendas que han sido incorporadas en el Senado con el objeto de aprobar definitivamente la ley y enviarla para su sanción y publicación. Por tanto, es el momento de recopilación y de análisis final de todo un proceso que se inició con el debate con los agentes sociales, que culminó con el acuerdo del año pasado con los mismos y que se ha perfeccionado ahora con la tramitación en las Cámaras incorporando nuevos matices, nuevas inquietudes y nuevas medidas.
La primera reflexión que quiero hacer es que el Grupo Parlamentario Popular ha contribuido durante todo el proceso de una forma constructiva y razonable a su tramitación, que ha incorporado veinticinco de sus enmiendas y que ha transaccionado con los grupos otro buen número de ellas, tanto en el Congreso como en el Senado. Es la forma en la que entendemos que tiene que comportarse un partido de la oposición que es alternativa de Gobierno y es también el comportamiento que esperamos del Partido Socialista, caso de que el Partido Popular gane las próximas elecciones de marzo. Señorías, esto no fue así siempre. El Partido Socialista se abstuvo en la reforma del año 2002, que incorporaba el acuerdo de 2001, teniendo muchas menos razones que nosotros para hacerlo, pero no todos somos iguales, tampoco en esto. Por eso, nosotros vamos a brindarles el voto afirmativo, porque aunque no es nuestra ley ni nos satisface plenamente, es un texto que permite avanzar, en este caso de forma timorata, parcial e insuficiente, en algunas de las necesidades que tiene nuestro sistema público de pensiones, sobre el que ya tenemos que estar pensando en su próxima revisión en la medida en que es un ser dinámico y susceptible de ajustes y retoques permanentes que vayan adaptando sus preceptos a los inevitables cambios de una sociedad cambiante, a las necesidades de ingresos y de prestaciones, que también tienen que evolucionar. No es nuestra ley, por tanto, no estamos conformes con ella al cien por cien, pero haremos de ella una estación más en el viaje que la Seguridad Social española tiene que iniciar sin demoras hacia la consolidación de sus bases y la sostenibilidad económica, hacia su adaptación a los profundos cambios demográficos que estamos viviendo y hacia las nuevas respuestas a los nuevos desafíos en ingresos y en prestaciones que desde hoy mismo entendemos que ya existen.
Desde aquí, señorías, un reconocimiento y un agradecimiento a cuantas asociaciones, colectivos sociales, sindicatos, organizaciones empresariales e individuos a título particular nos han ayudado a modelar nuestra posición, nuestras enmiendas y nos han motivado durante todo el camino; algunos nos acompañan hoy desde las tribunas. También quiero mostrar agradecimiento a mis compañeros de bancada parlamentaria, porque prácticamente todos se han acercado en algún momento de la tramitación para hacer alguna apreciación, pregunta o sugerencia, y especialmente a mis compañeros de la Comisión: Lourdes Méndez, Vicente Martínez-Pujalte, José Eugenio Azpiroz, María Eugenia Martín Mendizábal, Miguel Barrachina, Ana Pastor, Julio Sánchez Fierro, Tomás Burgos, Jesús Merino, Guadalupe Hernando o Juan Morano, porque todos han sido imprescindibles en todo este proceso. Agradecimiento también a nuestros adversarios y, en especial, a Isabel López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, y al resto de portavoces de los grupos parlamentarios por su colaboración, a los letrados y también al secretario de Estado de la Seguridad Social, don Octavio Granado, con quien seguro estamos en las antípodas ideológicas, pero con el que hemos construido y conseguido una relación de confianza y de coherencia con la que se puede trabajar. Sin embargo, señorías, no podemos decir lo mismo del ministro Caldera, ministro que hoy no está aquí, que se comprometió a una cosa que no ha cumplido en la mañana de hoy y que solo ha venido una vez a la Comisión del Pacto de Toledo en los cuatro años de legislatura y lo hizo para soltarnos un mitin sobre el sistema a quienes precisamente desde el ámbito parlamentario nos ocupamos todos los días del mismo.
También es el momento del análisis de los elementos esenciales de la ley, señorías, e igualmente de su contexto. Recibimos una Ley de la Seguridad Social con frialdad porque entendimos bien pronto que esta no era realmente una ley de reforma del sistema, sino más bien un grupo de nueve artículos y algunas disposiciones, todo lo más que fueron capaces de acordar con los agentes para conseguir la firma de todos ellos. Y hay veces que en aras del consenso hay que renunciar a algunas ambiciones, lo que no tengo tan claro es si en estos casos es más importante el consenso o la renuncia a algunas cosas que un gobierno sabe que tiene que hacer de forma urgente. Sabemos que adoptar determinadas medidas a veces puede dejar fuera a alguien, pero siempre supimos que aquellas medidas eran buenas para todos. El Gobierno trajo a esta Cámara una ley jibarizada y entre todos la hemos estirado para hacerla adolescente, pero no ha pasado de ahí, no ha llegado a la madurez. La pregunta que siempre hay que hacerse en estos casos es si esta ley es la que necesita nuestro país en este momento, en un momento de coyunturas, de alarmas demográficas, de crecimiento económico que comienza a deteriorarse claramente en este final de legislatura. Desde nuestro punto de vista, la respuesta es clara: no han querido ir más lejos. Señorías, tenían a todos los grupos dispuestos y a las instituciones internacionales demandándoselo; sin embargo, han preferido hacer una ley de andar por casa, lo cual, por lo que lleva aparejado de desaprovechamiento de una gran oportunidad y una legislatura, no es precisamente lo que cualquiera podría calificar de muy responsable o de muy previsor. No hemos avanzado mucho en las recomendaciones del Pacto de Toledo, ni en los gastos ni en la vía de los ingresos, lo cual apunta, como decía, a que pronto habrá que abordar una nueva reforma. Por lo tanto, el principal reproche que les puede hacer la sociedad española no es tanto que se hayan salido de la pista, lo cual no les tranquilizará nada, como que no hayan llegado ustedes a la meta, sobre todo teniendo a todos los grupos, a todas las escuderías —permítanme el símil— absolutamente dispuestas a lograr esta medida. Es, pues, una ocasión perdida, quizá por la miopía, quizá por la falta de ambición, quizá por el miedo, pero sepan que lo más notorio de esta ley no es lo que incorpora, sino —y es mucho— que lo que podía estar incluido y por tanto dispuesto a contribuir desde ya a poner las bases reales del futuro de la Seguridad Social se ha pospuesto ad calendas graecas. Es decir, todo lo que se ha dejado de hacer y se hace tarde sin duda genera más problemas y no tienen más que mirar a nuestro vecino Sarkozy. Para nosotros prevenir siempre es más rentable que curar. Señorías, nosotros los hicimos, recogimos una situación de déficit en la Seguridad Social, la dejamos en superávit y creamos el Fondo de Reserva. Cogimos un desempleo con el 22,76 por ciento y lo dejamos en menos de la mitad, reduciendo el déficit, y con él la deuda pública, y con ella la inflación y los tipos de interés, a la tercera parte. No sé qué van a hacer ustedes, pero la situación es preocupante. El desafío demográfico está a la vuelta de la esquina, el crédito demográfico de los años treinta y cuarenta se va a terminar y no hay medidas que aborden esto con seriedad. La natalidad sigue en cifras anémicas en nuestro país, el desempleo empieza a despuntar y los últimos datos económicos de inflación, de crecimiento de tipos de interés, son más preocupantes que antes y además está bajando la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, lo cual complicará el escenario futuro muy pronto.
Señorías, creemos sinceramente que el presupuesto para pensiones para el año 2008 que ustedes han aprobado no crece al ritmo del de 2007 y dudo que pueda hacer frente a las nuevas necesidades en materia de pensiones, salvo, eso sí, que haya mucha gente que prolongue voluntariamente su vida laboral y para eso esta ley tampoco ha incorporado medidas concretas. Señorías, nosotros evitamos la crisis del año 1996 y lo volveremos a hacer. Los españoles saben perfectamente en quién pueden confiar para sostener su Seguridad Social y a quién pueden confiar sus ahorros con garantías. Mientras tanto, ustedes han incumplido su promesa electoral de subir al 70 por ciento la base reguladora de las pensiones más bajas de viudedad, que fue aumentada por el Partido Popular hasta su situación actual, en torno a un 79 por ciento. Y también han votado en contra de indiciarlas al salario mínimo interprofesional, como apoyamos en esta ley. Las jubilaciones anticipadas ya suponen el 47 por ciento, casi la mitad de las altas de jubilación de nuestro país, lo cual es también enormemente preocupante. Las jubilaciones parciales se han vuelto imparables y también generan preocupación en la sociedad española. Han montado un lío con los sindicatos con las jubilaciones parciales de los funcionarios y tampoco han avanzado en los complementos a mínimos. Antes de ser Gobierno, señorías, el Grupo Socialista se rompió la garganta para terminar en 2008 y, cuando lo fueron, se les quitaron las prisas porque, sin duda, para ellos una cosa es predicar y otra bien distinta es dar trigo. Y aquí estamos, siendo aún injustos con el sistema público de pensiones mientras, según anuncian, existe superávit en los Presupuestos Generales del Estado. Ya veremos después de los zeta-cheques electorales cómo quedarán las cuentas públicas.
Señorías, tampoco han avanzado ustedes en previsión social complementaria y es un grave error desde el punto de vista filosófico, porque incentivar a la gente al ahorro y motivarla para que complemente sus ingresos es bueno para el bienestar de los mayores y, sobre todo, bueno para la sociedad en su conjunto. Tampoco han avanzado significativamente en los temas clave de la contributividad y en la equidad de las tasas de retorno de las cotizaciones.
Señorías, al Partido Popular le importa y mucho el Pacto de Toledo, el acuerdo y el consenso. Por eso, desde el inicio de la legislatura les ofrecimos nuestra mano en un ejercicio absoluto de responsabilidad. Ustedes la rechazaron y prefirieron acordar fuera de esta Cámara, sin los grupos políticos, utilizando otra metodología, y sin aprovechar al 90 de la sociedad española representada en esta Cámara por los dos grupos mayoritarios. Prefirieron traer textos terminados y sin consultar, como el de reforma del Fondo de Reserva que se han tenido ustedes que comer por no acordar antes con nosotros. Por eso, han perdido una gran oportunidad en esta legislatura, porque ustedes han pretendido contar con nosotros y con el resto de los grupos, únicamente cuando querían acordar …
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Señor Echániz, le pido que vaya concluyendo.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Termino, señor presidente.
Han pretendido contar con otros únicamente cuando querían acordar lo impopular, apelando a nuestra responsabilidad y, sin embargo, anunciando de forma unilateral lo bueno —cuando era fruto del trabajo de todos—, en mítines de Rodiezmo o en decretos de bomberos, y esa es, sin duda, la mejor forma de cargarse el Pacto de Toledo.
Termino, señor presidente. Entendemos que siguen siendo necesarios los acuerdos, que es necesario seguir desarrollando las recomendaciones del Pacto de Toledo que todavía están vírgenes y que, además, hay que renovar pronto las recomendaciones en el seno de esa Comisión del Pacto de Toledo para afrontar los nuevos desafíos. En ese sentido, señorías, esperamos poder convocarla el año próximo desde el Gobierno y esperamos de ustedes la misma responsabilidad, seriedad y coherencia que nosotros les hemos ofrecido en esta legislatura.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Gracias, señor Echániz. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora López i Chamosa.

La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, me van a permitir que dé la bienvenida a los representantes de los colectivos que hoy nos acompañan en la tribuna, con algunos de los cuales hemos compartido en esta legislatura todo el recorrido de esta ley: las asociaciones de prejubilados, jubilados y viudas. Me van a permitir que nombre al señor Calabia, que hoy nos acompaña, con quien, después de muchas reuniones, ya compartimos amistad, y también a los representantes de los sindicatos de policía, de la Ertzaintza, de la Policía Foral y —como no— de los Mossos de Cataluña.
Paso, a continuación, a fijar la posición de mi grupo en esta ley. Damos hoy cumplimiento al trámite final de la Ley de Seguridad Social. Sinceramente, pienso que el Pacto de Toledo es el mayor acuerdo de toda la democracia que todavía hoy mantenemos. Hemos de felicitarnos todos los grupos porque a lo largo de la negociación de este proyecto de ley todos nos hemos dejado algo y todos hemos incluido algo de lo que reivindicamos en la ley. Vaya mi agradecimiento para todos los portavoces de todos los grupos parlamentarios porque, a pesar de las diferencias, hemos podido alcanzar acuerdos.
Seguramente que esta no es la reforma que nadie de nosotros individualmente querría, porque todos hubiéramos ido más allá en una dirección o en otra, pero esta es la reforma posible, la que se deriva de los acuerdos del Pacto de Toledo de 2003, de los acuerdos con los agentes sociales y de los acuerdos de los grupos parlamentarios en esta Cámara. Desde mi punto de vista, este, que es el acuerdo posible, es el mejor acuerdo. Mejora el tema de la viudedad. Probablemente no como a mí me gustaría ni como a otros portavoces les gustaría —lo decía el señor Campuzano en su intervención—, seguramente nos gustaría ir más allá, pero esto es hasta donde hemos podido llegar. Creo que avanzamos, porque adaptamos la pensión de viudedad a la situación actual del país y reconocemos a las parejas de hecho un derecho que no tenían, porque hay gente que lleva muchos años de convivencia y no tenían el reconocimiento de la pensión de viudedad.
A los prejubilados seguramente que no les equiparamos como a ellos les gustaría, pero hacemos un avance importante, les mejoramos la pensión y además se la reconocemos desde el 1 de enero de 2007. Por tanto, hay 500.000 prejubilados que van a ver mejorada su pensión. ¿Seguramente desearían más? Sin ninguna duda, pero hay que reconocer que esto es un paso adelante en la buena dirección. ¿La ley contempla también medidas de contención de gasto? Sí, como el tema de los 15 años efectivos o la revisión de la invalidez, y lo hacemos en la dirección de garantizar el sistema. Los que hoy estamos aquí tenemos la obligación de admitir y concretar peticiones de grupos y colectivos, pero también, señorías, pensando en que tenemos la responsabilidad de que el sistema de Seguridad Social cubra a estos colectivos, cubra a los que han de venir mañana y a los que han de venir dentro de 30 años. Por tanto, está en la buena dirección.
Mi grupo va a apoyar todas las enmiendas que ha introducido el Senado. Hay muchas que clarifican y que mejoran, salvo dos sobre las que tenemos dudas y, evidentemente, no compartimos y que voy a explicar cuál es nuestra posición. No compartimos la disposición adicional final trigésimo segunda, que es la de los semáforos en los párquines. Tenemos nuestras dudas, les digo por qué, señorías, porque entramos en competencias de las comunidades autónomas y de los municipios. Al final, si todo el mundo piensa que hay que votarlo, no nos vamos a quedar atrás, pero que sepamos que estamos entrando y mandatando en temas que son competencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Sepamos eso y punto. En cuanto al tema de la jubilación de los policías, nosotros creemos que hablar de jubilación anticipada en general es un error, hay que hablar de jubilación anticipada en colectivos. Compartimos la idea de que los policías no pueden estar con 65 años patrullando en la calle; sin ninguna duda, compartimos esa idea, pero lo que no compartimos es la forma en que lo hemos introducido aquí, porque genera un agravio comparativo con las clases pasivas, porque cogemos una parte de clases pasivas para un sistema que no tiene nada que ver con clases pasivas. Ahora, vaya nuestro compromiso y la propuesta a todos los grupos de que, si lo estiman oportuno, convocamos la Comisión del Pacto de Toledo mañana mismo y ahí nos ponemos a buscar la fórmula de la jubilación para el colectivo de Mossos d’Esquadra, de la Ertzaintza y de la Policía Foral, mañana mismo si quieren, señorías, porque creemos que hay que hacerlo y nuestro compromiso es hacerlo, y lo digo aquí porque yo no me quiero apuntar ningún tanto, quiero que lo hagamos todos juntos. Porque lo que quiero, señorías, es que el Pacto de Toledo siga funcionando y siga funcionando en esta legislatura y en la próxima. Señor Echániz, si diera la casualidad de que dentro de muchos años nosotros estuviéramos en la oposición, no dude que seremos leales con el Pacto de Toledo y con el Gobierno en el tema de Seguridad Social; ya lo fuimos en las dos legislaturas pasadas. Espero que en la próxima legislatura sigamos con los encuentros que hemos mantenido con ustedes dentro del Pacto de Toledo. Yo siempre digo que uno se acaba haciendo más amigo de aquel con el que discute más, y nosotros hemos discutido mucho, pero compartimos una cosa: garantizar el sistema de pensiones para hoy, para mañana y para el futuro; y esto es lo que mueve a mi grupo a la hora de hacer esta reforma para este colectivo. En un sistema de pensiones como el nuestro sería una barbaridad hacer cualquier reforma con un grupo parlamentario, como es e